De la separación de poderes

¿Recordáis aquellas clases en los últimos cursos de EGB en la que nos hablan de un tal Montesquieu que propungó la separación de poderes? Yo recuerdo que la idea me parecía bárbara: entre tres, unos controlaban a los otros y nadie se excedía. Dicen que el Estado de Derecho actual se basa en esos tres poderes. A dos de ellos -legislativo y ejecutivo- se accede por elección y tiempo limitado y no exigen formación alguna. Al tercero, el judicial, se accede tras una dura oposición y mediante la profesionalización. En definitiva, se accede por estudio y vocación y no por votación.

Este último poder, además, es el único limitado políticamente, ya que se le prohíbe a sus miembros adscribirse a ningún partido político o sindicato habiéndose educado a los jueces en la ley del silencio, en pasar desapercibidos, en recibir una discreta consideración social por las restricciones personales que supone además de los horarios constantes de trabajo, guardias de venticuatro horas durante siete días, traslados forzosos con el ascenso -eliminados sólo en el año 2007- inspecciones continuas, alardes para dar cuenta del estado de su juzgado antes de cada traslado, etc. Sin lugar a dudas es el Poder del Estado más controlado.

A los políticos de los poderes legislativo y ejecutivo se les llena la boca hablando de que son portadores de la soberanía popular, de la voz del pueblo, que sus decisiones son ley porque los ciudadanos se lo han pedido... o porque les han habilitado por cuatro años a tomar decisiones por ellos, porque a la vista de los cumplimientos de los programas electorales, considero que más que una orden de actuación, estamos realizando una delegación del poder para que nuestros políticos, durante su etapa de elección, hagan lo que a ellos les convenga, sea o no nuestra voluntad soberana.

El problema es que dos poderes son políticos y uno es profesional e independiente y a los políticos no les gustan los jueces. Y menos aún que el Juez sea un PODER del Estado, especialmente cuando el Juez les para los pies, controla su actuación conforme a la legalidad y paraliza sus proyectos. Eso no le gusta nada al político.

Por eso, el político siempre ha intentado que el único poder independiente y profesional que existe pase a ser un poder de segunda y poco a poco lo está consiguiendo. Todo comenzó con el caso Mariluz que, para quien no lo sepa, aunque se sancionó al Juez y al Secretario, en realidad el problema se generó porque la Gerencia de Personal de Andalucía tuvo sin cubrir una baja de un funcionario durante meses sin que el trabajo de dicha mesa pudiera ser asumido por otro personal judicial cuya mesa ya rebosaba de asuntos y sin que al Secretario y al Juez les fuera posible realizar su función que es pedir cuentas del estado de la misma: ¿a quién se las iban a pedir si no había nadie? Pero hacía falta un culpable ante la sociedad y una Administración innominada no resultaba aceptable. Mejor un Juez y un secretario con nombres y apellidos. A partir de ahí se abrió la veda. Desde entonces, las descalificaciones han sido constantes y las presiones a la hora de tomar una decisión también, porque el Juez no es un ser puro que fuera del Juzgado vive en una materia blanca y sin contaminar. El Juez lee el periódico donde se cuestiona su decisión, escucha la televisión donde se hacen debates sobre cómo debería decidir y los gritos de los manifestantes a la puerta de su Juzgado. El Juez, hoy más que nunca, se siente condicionado en su decisión y nadie vela por su imparcialidad porque se ha generado la idea de que se puede y se debe influir en el Juez.

En definitiva, la descalificación pública ya se ha logrado y poco a poco el político, que es quien legisla, equipara al Juez a un funcionario más de la Administración, como si esa posición no le diera autoridad suficiente para frenar sus actos. El Juez depende económicamente de él -no sólo en cuanto a salarios, sino también en cuanto a medios en el Juzgado, que es lo que el ciudadano no sabe- y cada vez depende más políticamente. La última pretensión de modificar el Consejo General del Poder Judicial conlleva la conversión del órgano de gobierno de los Jueces en un órgano meramente político y subordinado por completo a los otros dos poderes, en definitiva, convirtiendo a los Jueces en un poder de segunda poco apto para enjuiciar y someter los desmanes de nuestros políticos. En breve sólo existirá una Administración de Justicia, pero no un Poder Judicial.

El Juez imparcial es la garantía de la subsistencia del Estado de Derecho. Si perdemos la separación de poderes, habremos perdido nuestro Estado de Derecho.